Chihuahua, Chih. 03 de noviembre 2020
En Sesión Ordinaria de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, fue aprobada la iniciativa de acuerdo presentada por la diputada del PAN Georgina Bujanda Ríos, en la que se exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el uso de sus atribuciones y facultades, asegure los recursos necesarios para las instancias de seguridad pública en el País y no militarice el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2021.
Dentro de su participación, Bujanda Ríos señaló que, como prioridad de la estrategia de seguridad para 2021, el PEF señala la consolidación de la Guardia Nacional como uno de los principales objetivos y, para ello, contempla destinarle un presupuesto que asciende a los 35 mil 671 millones 328 mil 458 pesos, se trata de un incremento de casi el 18 por ciento en términos reales, es decir más de cinco mil millones de pesos por encima de lo contemplado para el 2020.
Se plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá invertir por lo menos 500 millones de pesos para la construcción de 76 cuarteles para dicha fuerza; caso contrario, el proyecto de presupuesto, pareciera que prevé un pequeño incremento del 2 por ciento en términos reales respecto del ejercicio fiscal pasado, sin embargo, esta alza se justifica en el incremento a la Guardia Nacional, ya que en los demás apartados existen solo reducciones.
Otro recorte planteado, es en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debido a que se pretenden destinar 843 millones 727 mil 642 pesos en 2021, 12 millones menos que lo aprobado para este año.
Para el Fondo de Portaciones para la Seguridad Pública, se proponen 7 mil 695 millones 616 mil 328 pesos en 2021, que en términos reales es un avance de cero por ciento respecto del ejercicio inmediato anterior, con ello, se debilita a los policías más cercanos a la ciudadanía.
La legisladora, dijo que el despliegue de militares en tareas policiales puede ser una demostración de voluntad política de ganarle al crimen y la violencia, pero ello está lejos de asegurar una cura para la enfermedad, la historia propia, así como las experiencias de otros países dan cuenta de que más que ayudar a combatir la inseguridad, la militarización del País trae consigo grandes consecuencias, como violaciones a derechos humanos.
“La búsqueda por la seguridad y paz de la ciudadanía, debe ser con un enfoque preventivo y orientado a brindarle oportunidades a las poblaciones más vulnerables que sufren la violencia”, agregó la Legisladora.
Es por lo antes mencionado, que el Congreso de la Unión debe buscar que los recursos asignados a la Seguridad Pública incrementen, ya que de esa manera, se avanzará en el combate al crimen.
“Si bien es cierto, las fuerzas armadas realizan labores vitales en nuestro País, estas deben de atender a la propia naturaleza de las mismas, debido a que los elementos que las conforman cuentan con una preparación diversa, no son entrenados para ejercer funciones preventivas o de investigación, son adiestrados para repeler agresiones”, puntualizó.
Para finalizar su exposición, conminó a sus compañeras y compañeros diputados a no permitir que a través del presupuesto se ponga en peligro el arduo trabajo realizado por años en materia de seguridad, pero sobretodo, no permitir como legisladores que se pongan en peligro la seguridad y paz de las y los mexicanos.
