Chihuahua, Chih. 05 de enero 2021
— Por medio de este método, la pasada administración repartió 172 millones de pesos entre 34 personajes de la vida política y social del estado
–Iniciaron procedimientos contra 14 exfuncionarios que recibieron pagos por 45 mdp; otra instancia legal distinta se encarga del procedimiento de otros 20 casos
La Secretaría de la Función Pública tiene registrados 470 recibos que firmaron 34 personas, como parte de la “nómina secreta” del exgobernador César Horacio D.J., cuyo monto asciende a 172 millones 633 mil pesos.
Mónica Vargas Ruiz, titular de la dependencia, informó en conferencia informativa virtual que del total de las personas involucradas, se iniciaron procedimientos administrativos en contra de 14 exfuncionarios, quienes fungieron como receptores o emisores de pagos por 45 millones de pesos (mdp).
Aclaró que los 20 casos restantes corresponden a otra instancia legal, distinta a la Función Pública, quien es la encargada para realizar el procedimiento.
Recordó que fue en abril de 2017 cuando se recibió la denuncia sobre la existencia de esta “nómina”, por parte de la Secretaría de Hacienda, para iniciar con los procedimientos administrativos.
En mayo de ese mismo año se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), tras encontrar que en dichas irregularidades detectadas, había actos que constituían posibles delitos penales.
La funcionaria explicó las operaciones de triangulación por parte de quienes operaron los pagos: depositaban cheques al Servicio Panamericano de Protección que cambiaban por efectivo, recurso que después era entregado a la Secretaría de Hacienda para repartirlo entre diversos actores.
Vargas mencionó que diversos exfuncionarios del Gobierno del Estado, legisladores, periodistas y otros actores políticos y sociales de la vida pública del estado de Chihuahua recibieron los pagos, y de los cuales, la Secretaría de la Función Pública tiene en su poder 470 recibos firmados.
Externó que se sabe que el desvío realizado a través de la “nómina secreta” es mucho mayor a los 172 mdp arriba señalados, que es lo que obra en denuncias interpuestas directamente ante la FGE.
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