La diputada de Morena, Ana Carmen Estrada García, presentó una iniciativa con carácter de decreto para adicionar una fracción VI al artículo 13 de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Chihuahua, a fin de garantizar la participación plena y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil, en la creación de políticas públicas y programas de la materia.
La legisladora explicó que en 2018 se publicó la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Chihuahua como la ley especial en la materia, creando una Comisión Intersecretarial, la cual tiene por objeto garantizar que la ejecución de las políticas públicas y programas en materia de atención a las personas con la condición del espectro autista, se realicen de manera coordinada, sin embargo la ley no cuenta con algún mecanismo obligatorio de consulta a las personas con la condición del espectro autista para el ejercicio de sus funciones pese a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado mexicano a incluir a este colectivo en los procesos que realiza dicha comisión.
“La comisión intersecretarial participa en la toma decisiones, propone políticas y revisa asuntos que afectarán directamente a las personas con la condición del espectro autista. Por ello es imperante que, tal como indica el numeral 4.3 de dicha Convención, la Comisión abra las puertas a las personas con esta condición para su participación en los procesos de toma de decisiones, abonando a una auténtica visión de inclusión de las personas con discapacidad”, expresó la diputada de Morena por el cuarto distrito.
La iniciativa propone establecer la obligación de la Comisión Intersecretarial para convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, en especial a aquellas que representen a las personas con la condición del espectro autista, a manifestar su opinión y propuestas con relación a las políticas y programas derivados de esta Ley; porque la representatividad de las personas con discapacidad, especialmente menores de edad, debe permear cada espacio de nuestro Gobierno. De otro modo, cualquier política en la materia, aunque sea bien intencionada, será inherentemente discriminatoria y excluyente, explicó Ana Estrada.
Para finalizar su intervención en tribuna expuso que la participación plena y efectiva de este grupo de la población es una herramienta de transformación para cambiar la sociedad y promover el empoderamiento y la capacidad de acción de las personas. La integración de las organizaciones de personas con discapacidad en todas las formas de adopción de decisiones refuerza la capacidad de esas personas para negociar y defender sus derechos, así como las empodera para que expresen sus opiniones de forma más firme, hagan realidad sus aspiraciones y fortalezcan sus voces colectivas y diversas.
