Chihuahua, Chih, 17 marzo 2021
El diputado de Morena Miguel Ángel Colunga Martínez presentó una iniciativa para garantizar desde la Ley de Pensiones Civiles, que las mujeres trabajadoras del estado, así como jubiladas y jubilados, puedan dar de alta a sus conyugues o concubinos, sin necesidad de iniciar batallas jurídicas.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena explicó que se busca eliminar cualquier disposición que sean contraria al principio de consagrada en la Constitución y plasmar en la ley de Pensiones la disposición legal que impida que las mujeres que desempeñan un empleo o función dentro del Gobierno del Estado, los tres poderes o los organismos descentralizados afiliados, tengan que recurrir a procedimientos o acciones legales para estar en posibilidad de dar de alta a sus cónyuges o concubinos para que sean beneficiaros de los servicios médicos que presta la institución.
“Es una realidad, las trabajadoras que son incorporadas al Sistema de Seguridad Social que brinda Pensiones Civiles del Estado, se encuentran en desventaja por razón de género en comparación con los trabajadores, puesto que, a estos últimos, sin requisito adicional pueden incorporar a sus conyugues o concubinas que acreditar en los términos de ley el estado civil”, indicó el legislador.
Agregó que por otra parte, las trabajadoras han tenido que contratar abogados o representantes para solicitar la incorporación y ante la negativa por parte del organismo de seguridad social, presentar ante los Tribunales Federales el reconocimiento de dicho derecho, aduciendo la inconstitucionalidad de los actos de la autoridad en los que les niegan el derecho.
Indicó que esto genera una desigualdad en razón del género, circunstancias injustas e improcedentes, al señalar que ha recibido varios casos al respecto por lo que es necesario que dicha ley sea elaborada bajo la perspectiva de género.
Recordó que el instituto de seguridad social ha dado de alta como beneficiarios de los servicios médicos a cientos y cientos de conyugues o concubinos de trabajadoras al servicio del estado a quienes los Tribunales Federales les concedieron el amparo y la protección de la Justicia Federal por lo que, los actos de autoridad eran violatorios al derecho humano de igualdad.
