Menos de una semana ha tardado Morena en aprobar una de las medidas más polémicas del sexenio. Haciendo valer su mayoría en ambas cámaras, el partido en el Gobierno pasó primero el rodillo por el Senado el jueves pasado para terminar de apuntalar la aprobación la madrugada de este viernes en el Congreso.
Con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones, se aprobó el dictamen después de más de 10 horas de debate y tras desechar 553 reservas presentadas por los legisladores de la oposición. Desde su inesperado inicio, el caso Zaldívar ha provocado toneladas de críticas porque la Constitución prohíbe expresamente la extensión de su mandato, porque pone en entredicho la independencia del poder judicial, uno de los objetivos favoritos de Andrés Manuel López Obrador en su cruzada contra las instituciones que considera parte de una especie de antiguo régimen, y porque eleva la estrategia polarizadora del Gobierno en plena campaña electoral.
La ampliación del mandato de Zaldívar, un magistrado progresista alineado con la agenda de Morena, supone una escalada inédita en la guerra soterrada contra el Poder Judicial. Desde la llegada al poder de López Obrador en 2018, se instaló el temor, casi la obsesión, de evitar lo sucedido en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, considerado por la cúpula de Morena como un “golpe de Estado judicial” que la apartó de su cargo. El entrono más próximo al presidente inició desde entonces una campaña para llevar a cabo una limpieza a fondo que permita, con el paso del tiempo, contar con un poder judicial más favorable, que además eventualmente no pueda poner freno a sus reformas. Un proceso lleno de intromisiones que ha bordeado desde el inicio los límites legales y que ha incluido ajustes de cuentas personales y políticas.
Todo el proceso parlamentario ha sido extremadamente rápido y atropellado. Gran parte de la velocidad tiene que ver con el inminente cierre de sesiones del Parlamento -el 30 de abril- de cara a los comicios del 6 de junio, que renovarán ambas cámaras. Aparte del fondo, la extensión del mandato de Zaldívar, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, ha sido duramente criticada por la forma. Sin previo aviso, la medida fue incluida de soslayo en un artículo transitorio a los reglamentos de la reforma judicial. Fue aprobada de manera exprés y sin debate en el Senado y con la misma celeridad pasó al Congreso, que en el mismo día se ventiló la iniciativa tanto en la comisión de Justicia como en el pleno.
Además de la oposición, dentro de las propias filas de Morena ha aparecido voces discordantes en una votación que acabó cera de las 4.30 de la madrugada, Con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones. Más de una decena de diputados morenistas ha votado en contra o se ha abstenido. Entre ellos, Porfirio Muñoz Ledo, el expresidente de la cámara, miembro del sector crítico con la actual presidencia del partido. La diputada Lorena Villavicencio, parte del mismo sector crítico, se mostró muy drástica durante la votación previa en la comisión: “Me parece clarísimo que un transitorio de una ley secundaria no puede pasar por encima de la Constitución. El hecho de hacerlo tiene un mensaje que lesiona seriamente al Estado derecho. El mensaje es que no importa la Constitución y que los fines justifican los principios”.
La Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediatamente posterior. El plazo de Zaldívar vence el año que viene, pero la nueva medida lo dejará al frente del tribunal hasta 2024, el mismo año en que termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Juristas y organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Amnistía Internacional han alertado del atropello jurídico y de los riesgos para la independencia judicial.
Reformas constitucionales en el horizonte
La polémica en torno a Zaldívar se enmarca en un frente más amplio: el control del Consejo de la Judicatura y la aprobación de una serie de reformas prioritarias para el Gobierno y que implicarían incluso una reforma de la propia constitución. Desde la ley de la Industria Eléctrica hoy suspendida, ley de Hidrocarburos o la reforma constitucional del Poder Judicial, liderada por el propio presidente del Supremo con el apoyo de la mayoría morenista en el parlamento y que ha encontrado resistencias dentro de la propia judicatura.
Desde el inicio de la polvareda, López Obrador no ha dudado en posicionarse, vinculando de modo diáfano el rumbo de su proyecto político al futuro del máximo tribunal del país y del órgano de Gobierno de los jueces. “No vamos a tener otra oportunidad así. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo”, defendió durante la semana, sin obviar ataques contra otros magistrados. Como por ejemplo, Juan Pablo Gómez Fierro, responsable tanto de la suspensión de la ley eléctrica y de la creación de un padrón de telefonía móvil con datos biométricos. La batalla del presidente ha llegado incluso a solicitar hace un mes al propio Zaldívar una investigación sobre el juez.
Zaldívar, el primer presidente del tribunal desde 1994 que no pertenece a la carrera judicial, sino al mundo de la abogacía, fue elegido por el resto de magistrados días después de que Andrés Manuel López Obrador inició su mandato prometiendo el fin de los excesos y la corrupción en la política. Una bandera de regeneración que ha trasladado también al interior de sus propias filas. En sus dos años largos de mandato ha promovido medidas para acabar con el nepotismo, ha inhabilitado o destituido a decenas de jueces por corrupción y ha puesto en marcha un programa que vigila el patrimonio de los jueces.
Las trayectorias paralelas del magistrado del alto tribunal y el presidente se han cruzado en más de una ocasión. En octubre de 2019, ante la suspensión decretada por un juez de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, el Consejo de la Judicatura, que concentra todos los amparos ante un solo juzgado, desbloqueó una de las mayores obras de infraestructura del sexenio. En octubre de 2020, la Corte dio también vía libre a la polémica consulta popular lanzada por el Gobierno para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes.
Unas decisiones que han sido interpretadas por la oposición como una prueba de sintonía política. Durante la polémica, también han sido subrayados los vínculos de Zaldívar con pesos pesados del Gobierno. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Interior), fue una aliada en los años que coincidieron como ministros. Durante la terna de candidatos a la presidencia del tribunal, Zaldívar fue además el candidato favorito del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. La mano derecha del presidente en asuntos jurídicos ha sido de los pocos en el Gobierno que han salido a defender la legalidad de la medida confirmada este jueves por el Congreso, recordando que hay dos precedentes en los que el parlamento extendió el mandato de jueces y magistrados.
El País
