Ciudad de México, 05 de agosto 2021
El magistrado José Luis Vargas desconoció la destitución de su cargo como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que sus colegas magistrados actuaron de manera ilegal y rompiendo el orden constitucional.
En un mensaje a medios, Vargas señaló que, sin embargo, está abierto al diálogo y el jueves convocará a una sesión privada a los otros magistrados con la finalidad de que se resuelva el conflicto que existe al interior de la institución.
Agregó, asimismo, que en la Ley Orgánica del Tribunal no existe la figura de revocación de mandato, por lo que debe respetarse el periodo que le queda en el cargo, el cual culmina en noviembre de 2023.
“Lo sucedido constituye una ruptura legal y constitucional por lo que esta presidencia seguirá llamando al diálogo”, aseveró Vargas.
Previamente, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral aprobaron este miércoles la destitución de Vargas debido al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del órgano constitucional.
La citada determinación se tomó una sesión convocada de último minuto, en la que no estuvo presente el propio Vargas, como tampoco estuvo la magistrada Mónica Aralí Soto.
Dicha sesión fue convocada de manera extraordinaria por la magistrada decana de la Sala Superior TEPJF, Janine Otálora Malassis, luego de que el magistrado Vargas se negó a reanudar la sesión publica convocada para este miércoles, la cual suspendió de forma abrupta.
Y es que, en forma sorpresiva, al inicio de esa sesión, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió revisar las funciones del presidente del TEPJF, propuesta que fue avalada por la magistrada Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.
En su mensaje a medios, Vargas señaló que dicha resolución es ilegal, dado que el pleno del Tribunal únicamente puede sesionar para resolver asuntos jurisdiccionales y no para atender temas administrativos o relacionados al gobierno de la institución.
Agregó que, legalmente, su actuar como magistrado no debe ser evaluado por sus pares, sino por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
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