El partido alegó que el INE hizo ajustes directos a los costos de la consulta, pero no a su presupuesto interno y solicitó que se le ordenara aplicar ahorros directos, principalmente en los salarios de los consejeros, así como de aquel personal de primer nivel.
El proyecto del magistrado José Luis Vargas lo rechazó, pues dejó claro que el instituto es autónomo en materia presupuestal, además de que sí realizó adecuaciones integrales tanto en las áreas encargadas del procedimiento de revocación de mandato como su presupuesto ordinario.
“En ejercicio de su autonomía cuenta con atribución exclusiva de aplicar las medidas de racionalidad y disciplina a su presupuesto, por lo que no se le puede exigir realizar ajustes específicos como pretende el recurrente.“En ese ámbito de competencia que tiene que ver con la autonomía presupuestal del Instituto Nacional Electoral frente a las pretensiones del partido político actor de solicitar aspectos como reducir salarios, reducir una serie de gastos que tienen que ver con la propia autonomía presupuestal del Instituto Nacional Electoral”, explicó Vargas.
En lo que coincidió el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien recordó que la autonomía presupuestal es un elemento sustancial del principio de división de poderes.
El magistrado Indalfer Infante Gonzáles fue el único que estuvo en contra, pues consideró que este juicio no es de materia electoral por lo que se debería desechar, pero al admitirlo lo procedente debería ser el sobreseimiento.
Con seis votos a favor y uno en contra, la Sala Superior aprobó confirmar el acuerdo del INE y los ajustes presupuestales que determinaron que requerían mil 738 millones de pesos adicionales por parte de la Secretaría de Hacienda, petición que realizaron y que ayer fue rechazada bajo el argumento de que era “inviable jurídicamente” y que la prioridad del gobierno federal es la salud y la seguridad.
