El Congreso de Chihuahua pidió al Congreso de la Unión, analizar la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, dado a que al parecer con este nuevo ordenamiento se deja solos a los estados y municipios al asumir los costos por los desastres naturales.
Dentro de la proposición con carácter de punto acuerdo, se refiere que el pasado viernes 22 de marzo, se aprobó en lo general la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, en la que se establecen reglas para la coordinación de los tres niveles de gobierno en la materia de desastres, y por primera vez, la responsabilidad principal recae en estados y municipios, quienes deberán crear un fondo con sus propios recursos, para atender los daños provocados por fenómenos naturales.
Dicho ordenamiento obligará a los estados y municipios a prever los recursos necesarios para atender emergencias por fenómenos naturales, además de contratar seguros para la cobertura de daños; el dictamen pasará al Senado para evaluar su aprobación y sus efectos constitucionales.
Aunado a lo anterior, la desaparición de recursos del FORTASEG y FORTAMUN, afecta la capacidad de los municipios para financiar a sus policías y brindarles mejores condiciones.
De aprobarse la Ley, las y los chihuahuenses se verían afectados, dado a que en la actualidad esta Entidad se encuentra en declaratoria de emergencia debido a la sequía. Ya que según el informe del Monitor de Sequía de los 246 mil 973.46 kilómetros cuadrados que comprenden la entidad, 105 mil 951 se encuentran en sequía extrema, 68 mil 411 en sequía excepcional, 69 mil 399 en sequía severa y 3 mil 210 en sequía moderada; además, el nuevo ordenamiento sepultaría definitivamente al FONDEN.
Es por lo anterior que se hace el llamado al Congreso de la Unión para que analice exhaustivamente la Ley referida y tome en cuenta las implicaciones que tiene en la protección y seguridad de los mexicanos. Es necesario garantizar que se promueva la prevención de riesgos y la atención adecuada de desastres, sin limitar la solidaridad de la sociedad civil ni dejar desprotegidos a los municipios frente a situaciones de emergencia.
