La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado una ola de críticas fundamentadas que no pueden ser ignoradas. La independencia del Poder Judicial es una piedra angular de cualquier democracia funcional, y esta propuesta amenaza con erosionar esa independencia de manera peligrosa.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Si bien la democratización es un objetivo noble, someter estos cargos a un proceso electoral puede llevar a que las decisiones judiciales se tomen con un ojo puesto en las encuestas y no en la ley. Esto es especialmente preocupante en un país donde la política y la corrupción ya están profundamente entrelazadas.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido uno de los más vocales en su oposición a la reforma, argumentando que esta medida no solo pone en riesgo la independencia judicial, sino que también abre la puerta a la politización del sistema judicial. La historia ha demostrado que cuando los jueces deben sus cargos a favores políticos, su imparcialidad y su capacidad para hacer cumplir la ley se ven comprometidas.
Además, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por un Tribunal de Disciplina Judicial también es un punto de conflicto. Este nuevo tribunal, al ser susceptible a influencias políticas, podría no ser capaz de desempeñar su papel con la independencia necesaria. La estructura propuesta puede parecer una solución técnica, pero en la práctica, podría consolidar el control político sobre el Poder Judicial.
El impacto en la justicia accesible y efectiva también es una preocupación legítima. Las campañas electorales para jueces y magistrados, aunque limitadas en financiamiento, podrían llevar a promesas populistas y compromisos políticos que no tienen lugar en un sistema judicial. La prohibición de financiamiento público o privado puede no ser suficiente para evitar el proselitismo político y la influencia partidaria en la elección de estos cargos.
Los críticos también señalan que la reforma podría socavar el principio de separación de poderes. El control excesivo del Ejecutivo y el Legislativo sobre el Poder Judicial debilita el sistema de frenos y contrapesos que es fundamental para una democracia saludable. Este riesgo es particularmente agudo en un contexto donde el poder ejecutivo ya ha mostrado tendencias autoritarias.
En conclusión, la reforma judicial de AMLO, aunque presentada como una iniciativa para democratizar y modernizar el sistema judicial, plantea serios riesgos para la independencia y la eficacia del Poder Judicial en México. La oposición y los diversos sectores de la sociedad deben mantenerse vigilantes y exigir que cualquier reforma preserve la autonomía judicial y evite la politización de la justicia. Solo así se podrá garantizar que el sistema judicial sirva verdaderamente al pueblo mexicano y no a intereses políticos específicos.
