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Chihuahua no puede seguir rezagado en materia de justicia para las mujeres

20 de mayo de 2025. -Leticia Ortega Máynez advierte que esta conducta, aún ignorada por la ley, es antesala de violencias más graves contra las mujeres.

Chihuahua, Chih., 20 de mayo de 2025. – La diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua y tipificar el delito de acecho, una forma de violencia silenciosa que afecta la seguridad, la libertad y la integridad de las personas, en su mayoría mujeres, y que puede ser antesala de crímenes graves como el feminicidio.

La propuesta busca adicionar el Capítulo VIII denominado “Acecho” al Título Cuarto del Código Penal, reconociendo un patrón de conductas reiteradas mediante el cual una persona vigila, persigue o establece contacto no deseado con otra, ya sea de forma física, digital o por medio de terceros. Con esta iniciativa se busca cerrar un vacío legal que impide actuar oportunamente antes de que la violencia escale.

“Las víctimas se ven obligadas a esperar a que las acciones de su victimario escalen a tal grado que puedan encuadrar en otras conductas, lo que podría tener consecuencias fatales e irreparables”, señaló la legisladora morenista.

La iniciativa está respaldada por datos que reflejan una problemática nacional: más de 10 millones de mujeres han sido víctimas de acecho por parte de sus parejas o exparejas. Pese a ello, solo cuatro estados del país han legislado sobre el tema, mientras que en Chihuahua, las víctimas siguen sin herramientas legales para prevenir y frenar este tipo de agresiones.

El texto también contempla agravantes como el uso de herramientas de vigilancia, vínculos de pareja o autoridad con la víctima, o la violación de medidas de protección, lo cual permitiría aumentar las penas hasta el doble.

Desde el Congreso local, Morena reitera su compromiso con una agenda legislativa enfocada en la justicia, la prevención de la violencia y la protección real para las mujeres. Esta propuesta no solo responde a los compromisos internacionales del Estado mexicano, sino también a una deuda pendiente con las víctimas de una violencia persistente.