Al encabezar la instalación del Observatorio Ciudadano de Sentencias con Perspectiva de Género (Ocispeg) en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el gobernador Javier Corral Jurado, calificó la iniciativa como extraordinaria.
Celebró que se diera en el seno del Poder Judicial de Chihuahua, ya que estas decisiones orean los procesos, los somete al escrutinio pero contribuyen a crear una cultura de inclusión que promueve que los juzgadores ajusten sus criterios para sentenciar con visión integral y con perspectiva de género, de manera que ello impacte en la mejora de la impartición y administración de la justicia.
Expresó que el nacimiento de esta iniciativa viene muy bien en los hechos históricos que se viven en estos días, donde todos tendrían que coincidir en que si toda esta movilización, que se convierte en una revolución en torno de la conciencia feminista, no cambia la decisión presupuestal en México, no tendrá ningún impacto, porque la política pública se debe traducir en recursos públicos.
Dijo que las mujeres requieren que los diversos órdenes de Gobierno y los poderes del Estado estén a la altura de las circunstancias.
“Hagamos lo que nos corresponde para reivindicar su lucha, para que sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales, sean garantizados y se desenvuelvan en un entorno igualitario, pero sobre todo, libre de violencia y discriminación, que esa es la exigencia fundamental de la movilización que estamos viendo en el país”, expresó.
Manifestó también que es importante que el movimiento continúe de manera organizada y encauzada en propuestas concretas.
El gobernador resaltó que los poderes del Estado deben ponerse a la altura y emprender acciones que generen los cambios profundos que se demandan, ya que desde donde más se puede combatir lo que está en el fondo de este deterioro, es la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Al respecto, lamentó la cultura machista y misógina como un lastre que imposibilita el desarrollo de muchas mujeres, al promover estereotipos y prácticas a costa de sus derechos.
El Observatorio está integrado por la secretaria del Trabajo, Ana Luisa Herrera, por parte del Poder Ejecutivo Estatal; el Poder Judicial Federal es representado por el magistrado Juan Carlos Zamora, la magistrada María del Carmen Cordero, la jueza María Guadalupe Contreras y la jueza Maday Soto Morales.
Por la Comisión Estatal de Derechos Humanos se integra al organismo Alma Denisse Muñoz; por la UACH, Luis Alfonso Rivera Campos y por la UACJ, Joao Bogar Acosta; mientras que Angelina Yadira Aguirre representa a las barras o colegios de abogados y la sociedad civil estará representada por Ruth Fierro, Imelda Marrufo y Rosa María Sáenz.
El titular del Ejecutivo señaló que no obstante existen observatorios ciudadanos en otras entidades, ninguno ha tenido el propósito de analizar sentencias con perspectivas de género y derechos humanos, lo que hace singular a esta iniciativa.
Indicó que es de toda relevancia que Chihuahua cuente con instrumentos objetivos que no solo observen, sino que emitan recomendaciones, propuestas, y que sin el afán de interferir en la autonomía del Poder Judicial, ni de los juzgadores, contribuya a construir una cultura de inclusión para que los jueces ajusten sus criterios para sentenciar con visión integral y con perspectiva de género, de manera que impacte en mejorar la impartición y administración de la justicia.
Finalmente señaló que su administración recibe gustoso la creación de este organismo que permitirá evaluar el avance de género en el Poder Judicial de Chihuahua, en pos de una sociedad más igualitaria.
A su vez, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, estuvo a cargo del protocolo de instalación del Observatorio Ciudadano.
Previamente, señaló que el Tribunal a su cargo siempre ha estado comprometido con la transparencia y con la apertura, lo cual no ha sido fácil, porque “abrir la casa” implica estar expuesto a un ejercicio de control democrático y a las acusaciones, exposición mediática que no era habitual en el Poder Judicial.
Explicó que pese a lo anterior: “Es un costo que vale la pena pagar, la transparencia vale a pesar del peaje y si la transparencia en general es un ejercicio saludable para el futuro de nuestra institución, más lo es en un tema tan delicado y tan complejo como lo es el de la perspectiva de género”, asentó.
En su turno, la representante del Ocispeg, Imelda Marrufo Nava, manifestó que no es posible tener un acceso a la justicia de género si no se realizan investigaciones con esa misma perspectiva y dijo que no se parte de cero, sino que el trabajo previo con las Organizaciones de la Sociedad Civil permitirá que las acciones del Observatorio sean más ágiles.
Señaló también que es preciso atender los casos de violencia intrafamiliar y solicitó que se analicen los presupuestos para que este Observatorio tenga capacidad de accionar con calidad.
A su vez, la directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial, Verónica Rodríguez López, dijo que la instalación se realiza en un momento muy oportuno por la historia que se inscribió los pasados días 8 y 9 de marzo, porque después de esas manifestaciones las mujeres jamás volverán a ser ignoradas.
Destacó que este Observatorio es la oportunidad de refrendar el compromiso de impartición de justicia con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
