El diputado Jesús Villarreal Macías, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua.
México es un país en el que se privilegia la igualdad en identidad y derechos sin distinción alguna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos no solo en su texto, además de reconocer el contenido de los tratados internacionales de los que México sea parte, así como las garantías para su protección.
Si miramos hacia la normativa internacional, podemos afirmar que lo expuesto en el párrafo que antecede, va acorde al contenido de diversas disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; La Convención Americana sobre Derechos Humanos ; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador . El cual atiende a una disposición que merece ser tomada en consideración, ello debido a que en su artículo 17, contiene la disposición normativa de que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad, por lo que obliga a los Estados Partes a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, como son, instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada; la ejecución de programas laborales, asa como la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.
Atento a lo expuesto, le corresponde al Estado, a través de las instituciones públicas, a garantizar los derechos de cada persona que acude a ejercer un derecho o cumplir con una obligación, en estricto apego a la dignidad humana, por lo que atento al derecho de las Personas Adultas Mayores, al considerarse un sector en estado de vulnerabilidad, es al Estado a quien le corresponde garantizar que no se cometan actos o abusos en contra de este grupo etario, debiendo tomar las medidas que sean necesarias para facilitar cualquier trámite que precise realizar.
Lo anterior, deriva de un proceso de constitucionalización de los derechos de las Personas Adultas Mayores, lo que brinda una realidad de una verdadera inclusión, en la que no solo las políticas públicas, instituciones gubernamentales deben tener como una de sus prioridades la salvaguarda de los derechos de las personas, debiendo ponderar la dignidad humana, teniendo cuidado de que con su actuar u omisión puede generar un estado de vulnerabilidad y dirigirlo hacia un acto de discriminación institucional, social, familiar, laboral y económica. De ahí que para evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de la manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses.
