Ciudad de México.- A pesar de que mucho se ha mencionado por parte de la oposición de una afectación a los derechos adquiridos, el Senado de la República aprobó durante la madrugada de este 2 de octubre el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, la iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, para que continúe con el proceso legislativo.
Lo anterior fue aprobado con 76 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras 39 en contra de la oposición votaron en contra, por lo que fueron avaladas las reformas en lo general. En lo particular con 70 votos a favor y 39 en contra.
Por su parte, Verónica Rodríguez Hernández del PAN, aseguró que con esta propuesta se confirma que lo único que le interesa al partido en el gobierno es defender su movimiento, “pero no están pensando en el pueblo”, por lo que el mensaje de Morena hoy es claro, “menos defensa para las personas y más manos libres para la autoridad”.
Ante las críticas que hubo por la iniciativa original, el senador morenista Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, especificó los cambios hechos al dictamen, entre ellos que el interés jurídico aplicará para la sociedad civil y derechos colectivos, “pero con la claridad necesaria para evitar abusos o distorsiones en su uso”.
Con la reforma se implementa el uso de las tecnologías de la información para garantizar un juicio de amparo en línea, a través de reglas más uniformes y vinculantes que refuercen las certezas de las partes, en cuanto al valor y equivalencia de los expedientes electrónicos y físicos.
Se garantiza el interés legítimo tanto en lo individual como en lo colectivo, además de que, en materia de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, se recobró el texto de la ley vigente para que se mantenga la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan las resoluciones de las y los órganos jurisdiccionales, con la intención de velar por la certeza, pues la iniciativa proponía cobrarle al Estado o a la sociedad el pago de la multa.
Además, se establece de manera expresa las formas de garantía del interés fiscal que pueden constituir las personas gobernadas, para obtener la suspensión en juicios de amparo en que se controviertan actos relativos a la ejecución o cobro de créditos fiscales firmes.
